El pasado lunes 7 de abril tuvo
lugar una nueva entrega de Arquitectos en la Onda, el espacio
radiofónico dentro del programa Más de Uno Sevilla de Onda Cero, conducido
por Chema García y Susana Valdés.
El episodio, protagonizado por Ramón
Gil, secretario, y Juanma García Nieto, vocal de Actividades del
COAS, ha tenido lugar dos días después de la manifestación estatal por el derecho a la vivienda en la que miles de
personas salieron a la calle en 40 ciudades y, de hecho, este fue el punto
de partida del programa. Juanma hizo un balance sobre la movilización e
indicó que “la respuesta ciudadana ha sido contundente y deja claro que la
preocupación por la situación de la vivienda no es aislada, sino transversal.
Lo que vimos en las calles es el reflejo de un malestar creciente ante la
deriva del mercado inmobiliario y la falta de respuestas eficaces por parte de
las instituciones. El alquiler, especialmente en las grandes ciudades, se ha
convertido en una carga desproporcionada” y destacó que “muchos jóvenes se ven
obligados a destinar prácticamente el 100% de sus ingresos a poder vivir fuera
del hogar familiar, lo que anula la capacidad de ahorro y, por tanto,
imposibilita el acceso a una vivienda en propiedad en el futuro, salvo si
heredas o te ayudan tus padres en la compra. La sociedad se está partiendo,
quedando de un lado los propietarios y de otro los inquilinos. El problema es
estructural. La movilización pone de manifiesto la urgencia de actuar con
políticas públicas sostenidas y coherentes.”
A continuación, Ramón habló del
desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda en España. “El desajuste
es real, pero no en todo el territorio: Donde hay demanda no hay oferta y el
precio sube y donde hay vivienda a precio razonable no hay demanda por falta de
oportunidades laborales. Estamos en un escenario en el que conviven la España
Vaciada y la España Tensionada. El problema tiene ya dimensiones que
afectan a la economía y a la productividad del país. La economía productiva
está siendo fagocitada por un rentismo improductivo. El español medio destina
el 43% de su sueldo bruto al pago del alquiler. Al reducir el poder adquisitivo
de los ciudadanos, se disminuye el consumo y la inversión, lo que a su vez
ralentiza la economía y la creación de empleo. Además, la falta de acceso a la
vivienda limita la movilidad laboral, dificultando la adaptación del mercado de
trabajo a las necesidades de las empresas y las demandas del mercado”.
Sobre esta cuestión, añadió que “la
Gran Ciudad se está quedando sin empleados porque los trabajadores no pueden
permitirse destinar la mayor parte de su salario a pagar a su casero” y citó el
ejemplo de Baleares, “la oferta turística ha acabado con el mercado
residencial. Se están reservando plantas enteras de hoteles para poder alojar a
los empleados. El modelo rentista ha colapsado. Hace unos años, los
especuladores de la Burbuja Inmobiliaria tenían la siguiente consigna: “Si
no lo Vendo lo Alquilo”. Hoy, los rentistas tienen la contraria: “Si no
lo Alquilo lo Vendo”. La huida de los Fondos Buitres que ya comentamos en
el programa anterior les está mostrando el camino”.
Y ante esta situación, el papel
las administraciones es, en palabras de Juanma, “lamentablemente, en demasiadas ocasiones, se queda en lo simbólico, más centrado
en la puesta en escena que en las soluciones de fondo. Las entregas de llaves
se convierten en actos mediáticos, mientras las políticas estructurales siguen
sin ponerse en marcha. No basta con anunciar promociones puntuales o medidas
aisladas. Lo que necesitamos es una planificación sostenida,
transversal y coherente con los desafíos reales del acceso a la vivienda.
La vivienda no puede seguir tratándose como un instrumento de rentabilidad
política. Debe ser abordada como lo que realmente es: un derecho
constitucional recogido en el artículo 47. Y eso exige compromiso,
inversión y visión de largo plazo”.
Sobre el mercado privado, Ramón
comentó que “estamos viendo una clara desconexión entre el valor real
de uso de la vivienda y su precio en el mercado. La especulación ha
desplazado completamente la función social de la vivienda, que ya no se concibe
como un espacio para vivir, sino como un producto financiero más. En ese
contexto encuentran acomodo el fraude y los alojamientos turísticos ilegales, las
empresas de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares o las prácticas
abusivas en agencias inmobiliarias… El mercado inmobiliario está totalmente
fuera de control y es imprescindible que las diferentes administraciones tomen
medidas drásticas para embridarlo. Hay casos como el de Málaga que son especialmente reveladores: un “apartamento” de apenas 10 metros cuadrados se oferta por 125.000 euros. Y lo más preocupante
es que se presenta como una “oportunidad de inversión”, pese a que no cumple
con condiciones mínimas de habitabilidad. No se piensa en quién va a vivir
allí, sino en quién va a rentabilizarlo. Este tipo de operaciones, cada vez más
frecuentes, es el síntoma de un modelo que prioriza el rendimiento económico
sobre el bienestar colectivo. Y mientras tanto, muchas personas quedan
expulsadas del acceso a una vivienda digna”.
En esta línea, Chema García
preguntó por el hecho de que los fondos de inversión continúan operando sin
restricciones. Hemos visto viviendas en venta con carteles como “ocupado sin
posibilidad de visita” o “solo para inversores”, aunque estén
habitadas por personas con contratos legales. Y Juanma especificó que “estas
prácticas son muy preocupantes. Lo que está ocurriendo es que se comercializan viviendas habitadas, trasladando al comprador la carga de desocupar el inmueble. Y en muchos casos se recurre a empresas de desocupación
que operan en los márgenes de la legalidad, ejerciendo presión sobre familias
vulnerables. Lo más grave es que todo esto se ampara en un discurso alarmista
sobre la ocupación, sostenido por varios medios de comunicación, cuando los
datos del propio Ministerio de Vivienda indican que el riesgo real es del 0,06%. Es decir, se
construye un enemigo social ficticio para desviar la atención del verdadero
problema”.
Por último, se centraron en las
posibles soluciones y el papel que deben asumir realmente las
administraciones para garantizar el derecho a la vivienda. Ramón indicó
que “revertir esta situación es posible, pero requiere decisiones
sostenidas en el tiempo. Lo primero es dejar de considerar la vivienda como un
bien de inversión especulativa y reconocerla como lo que debe ser: un derecho
social básico. Para ello, necesitamos una estrategia de Estado en
materia de vivienda, con objetivos claros y una verdadera coordinación entre
administraciones. Algunas de las medidas clave serían las siguientes: aumentar el parque de vivienda socialmente disponible, movilizar las viviendas vacías, regular de manera eficaz el mercado del alquiler y penalizar aquellas prácticas que fomentan la especulación y aplicar modelos alternativos que ya están funcionando en otros países como cooperativas en cesión de uso o fórmulas de vivienda colaborativa”.
Además, detalló algunas alternativas
que podrían ayudar además a resolver el problema de la escasez de mano de obra
como “implicar a las empresas en ofrecer soluciones habitaciones a sus empleados. Esta práctica ya se utilizó en la era
industrial, donde las ciudades se llenaron de colonias: la de los carteros, la
de los bomberos, los trabajadores del Metro, los periodistas... La mayoría surgieron con la Ley de Casas Baratas de 1921, que promovía la construcción de viviendas bien
urbanizadas, vinculadas a cooperativas y empresas, para dignificar las
condiciones de vida de la clase obrera”. Y, por otra parte, comentó la opción
de “incentivar la instalación de empresas en zonas no tensionadas, en
las que los precios de viviendas y alquileres sean acordes a los salarios de
los trabajadores y promover el teletrabajo en aquellas empresas y
administraciones en las que no sea imprescindible la presencia física de los
empleados. Estas dos últimas propuestas, además, permitirían descongestionar el
tráfico de las grandes ciudades y reducir la contaminación asociada. El
problema tiene solución, pero exige un compromiso institucional real, no solo
medidas coyunturales. La vivienda tiene que ocupar el centro de las políticas
públicas”, concluyó.
